Aborto legal: a un año de la vigilia histórica frente al Congreso.

El 13 de junio de 2018 fue una jornada histórica para la política argentina: por primera vez el debate por el aborto legal, seguro y gratuito llegó al recinto del Congreso de la Nación. Un millón de personas se movilizaron desde distintos lugares del país para acompañar la sesión. El debate legislativo duró 23 horas y el feminismo consiguió la media sanción en la Cámara de Diputadxs.

El movimiento Ni una menos y la lucha por el aborto legal transformó a las pibas en feministas para siempre. Nos transformó a todes. Las leyes no siempre reflejan el pulso de una época: esta sí
La marea verde es adolescente, tiene voz, voto, no se subordina al patriarcado, sabe lo que quiere y no tiene vuelta atrás. En un día se produjo la síntesis de más de 30 años y la insistencia de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La lucha tuvo herencia.
No hay una fuerza política que pueda atribuirse la sanción de la ley de aborto legal, porque fue impulso de los feminismos y de las centenas de miles de personas en la calle, a pesar del frío indescriptible y del sueño. Para asesores, diputados y diputadas que estuvieron en todo el proceso de construcción transversal desde marzo a esta parte también algo cambió para siempre en su forma de hacer política. No hay vuelta atrás.
A pesar de que el proyecto se presentó de nuevo, el oficialismo y la oposición acordaron postergar su tratamiento hasta el año que viene.
La Campaña Nacional por el Aborto Legal y Gratuito, encargada de la redacción del nuevo texto, es consciente de esta situación pero no pierde la ilusión: apuesta a colar el debate después de las elecciones generales del 27 de octubre y realizarlo antes del 10 de diciembre, cuando ocurre el recambio parlamentario.
En este punto coincidieron tanto diputados “verdes” como “celestes”, que rápidamente acordaron que las condiciones no estaban dadas para emular lo logrado en 2018. No solo por el interés del Gobierno de no abrir el recinto demasiado sino también por la cantidad de provincias que desdoblaron las elecciones de la nacional, lo que implica que muchos diputados y senadores estén en sus distritos.
Hay otra cuestión que alentó que se dejara de lado el tratamiento: la composición del Congreso. Como no cambió nada con respecto al año pasado, se descuenta que el resultado será el mismo. Ante esto, en Cambiemos -y en un sector de la oposición- consideran que no es conveniente abrir el debate sobre un tema del cual se sabe el resultado.

Las claves del nuevo proyecto
El sujeto que contempla la ley, según el primer artículo, será “toda mujer u otras entidades con capacidad de gestar”. Además, se mantiene que se puede acceder ” hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional”.
Se mantiene el derecho a abortar si el embarazo fuera producto de una violación y si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante. Además, el plazo para acceder seguirá siendo de cinco días desde que se requiera.
Un punto importante es que no se incluye la objeción de conciencia. Esto es porque la Campaña busca que a nadie se le pueda negar el acceso a la IVE: “En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/las profesionales o personal de salud ni de terceros/as”.
Las menores de trece años que soliciten la práctica deberán hacerlo con el consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal. En cambio, si quien quiere realizarse un aborto es una persona adolescente de entre trece y dieciséis años, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. Y para las mayores de 16, se entiende que tienen “plena capacidad” para decidir.
El artículo 11 trae una novedad importante: el derecho al aborto deberá estar incluido en el Plan Médico Obligatorio. De este modo, exige que “todos los agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo” e incluye al sector público, privado, obras sociales y prepagas.
En el 12 aparece uno de los reclamos más importantes: la Educación Sexual Integral (ESI). Establece que el Estado, la ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias deben implementar la Ley 26.150 desarrollando la problemática del aborto: “Debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía. Deben incluirse los contenidos respectivos en el currículo de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las instituciones educativas, sean estas de gestión pública estatal, privada o social”.