Marcha contra el ajuste en discapacidad

El ajuste al gasto público incluye un capítulo sobre las pensiones por invalidez.
El gobierno a través de la resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de discapacidad (AnaDis) amenaza nuevamente con dar de baja más pensiones no contributivas por invalidez a través de un nuevo circuito administrativo que cruzará datos y dará el veredicto de si a una persona con discapacidad le corresponde o no la pensión. Haciendo la “salvedad” de establecer un plazo de 10 días hábiles administrativos para cualquier reclamo que quiera hacer la o el pensionado ante su legítimo derecho de defensa.
Las personas deberán dirigirse a dependencias del Anses y ya no a los centros de atención local quienes eran los encargados de la tramitación de las pensiones.
Cabe mencionar y no es dato menor que fueron cerradas 77 oficinas especializadas en atención a personas con discapacidad complicando así el acceso a personas que quieran iniciar o seguir un trámite en relación a la pensión además el trabajo para hacer ventanilla única en Anses y que se ocupen de las altas de las pensiones no tiene articulación alguna ni se capacitó al personal para dicha tarea. Esta medida de cerrar los centros de atención local involucra a 500 trabajadores a quienes se les aseguró empleo hasta diciembre sin precisiones sobre su continuidad después de esa fecha.
Se viene ampliando así otro recorte que viene aplicándose desde el 2016 cuando se dieron de baja más de 200 mil pensiones no contributivas.
Se habla de una revisión y posible baja que alcanzaría al 10% de los beneficiarios, hasta el año pasados se contaba con algo más de 1060000 pensiones por invalidez, con un presupuesto anual de 84000 millones de pesos lo que podrían derivar en un ajuste de 8000 millones.
El pasado viernes 28 de septiembre por la deuda del programa de salud tuvo que cerrar sus puertas el centro de día San Alberto ubicado en Rafael Calzada dejando a 51 chicos sin su espacio de contención.
Estas maniobras atentan directamente con el derecho de acceso a la pensión de miles de personas con discapacidad en nuestro país y apunta directamente a ajustar al colectivo utilizando mecanismos que en apariencia “lógicos”, NO TIENEN EN CUENTA LA REALIDAD DEL COLECTIVO, los derechos adquiridos y las obligaciones que el Estado Argentino tiene respecto la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Frente a todo esto el miércoles 3 de octubre se realizó una marcha federal por los derechos de las personas con discapacidad bajo el grito NO A LA QUITA DE DERECHOS y el pedido de la restitución de las pensiones dadas de baja, No a la reducción de prestaciones, autorización YA a las prestaciones indicadas por el médico tratante y aumento del valor del nomenclador a los prestadores, respetar los amparos con sentencia firme, aumento de las pensiones no contributivas (según costo de vida y respetando la dignidad establecida en la convención) y declaración inmediata de la emergencia en discapacidad.